Censurar Internet en México colocaría a la nación al nivel de otras con democracias incipientes, regímenes que no aceptan la crítica ciudadana y en los que el Estado busca inhibir cualquier expresión ciudadana, consideran expertos. En esta lista, según un informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) sobre los enemigos de la web en el mundo, están países con alto nivel de marginación y bajo desarrollo económico como Somalia, Sudán y Zambia, así como otros con altos niveles de inconformidad ciudadana con sus mandatarios como Rusia, Turquía y Venezuela…
Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo).- México no es el primer país que en aras de la seguridad nacional intenta poner candados en materia de telecomunicaciones. A través de las redes sociales, usuarios y activistas han denunciado cómo en momentos de inconformidad con sus regímenes, las autoridades han tratado no sólo de interceptar comunicaciones, sino también de bajar el “switch” a instrumentos como Facebook y Twitter.
De acuerdo con el “Informe Enemigos de Internet 2014” publicado en marzo pasado por la organización Internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF), publicado en marzo pasado, en el mundo son casi una veintena los países que a través de sus leyes impusieron cierto nivel de censura en Internet o de vigilancia a las comunicaciones de sus ciudadanos.
La iniciativa de leyes secundarias de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que el Presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado, plantea, a juicio de activistas y expertos en México, algunas limitantes a Internet como la censura de contenidos y la posibilidad de bloquear la web durante concentraciones masivas bajo el argumento de tratarse de un asunto de “seguridad nacional”.
Colectivos como Internet Libre para Todos y Contingente Mx, así como el Centro Nacional de Comunicación Social, Artículo 19 y Propuesta Cívica, han denotado que estas propuestas son un intento de censura, vigilancia masiva y una forma de bloquear información en Internet.
Uno de los artículos más cuestionados de la propuesta es el 197, fracción VII, que plantea “bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”.
Mientras que el artículo 145, en su fracción III contempla que “los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet (…) podrán bloquear el acceso a determinado contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad”
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En países que actualmente enfrentan un alto grado de inconformidad social, como Venezuela, durante las últimas protestas ciudadanos han denunciado que la administración de Nicolás Maduro ha bloqueado la señal de Internet. Mientras que en Turquía, el Gobierno ha ordenado bloquear Twitter y Youtube.
“Es obvio que el gobierno [de México] quiere controlar Internet; desde su campaña, Enrique Peña Nieto, entendió que las redes sociales son una forma de movilizar a los ciudadanos”, consideró por su parte el colectivo Anonymous en un video que subió a YouTube el 8 de abril pasado, en el que emite su pronunciamiento sobre el tema.
Menciona que las redes sociales se han constituido en México como un factor de movilización que ha ayudado a darle difusión a movimientos como el de las autodefensas en Michoacán, “sin las redes sociales, el gobierno nunca hubiera actuado con la premura que tuvo que hacerlo”.
El colectivo considera que no es válido el censurar Internet bajo la etiqueta de “seguridad nacional”, por lo que de concretarse la aprobación de las leyes secundarias, constituiría un grave retroceso en materia de derechos humanos.
“Miren lo que está pasando en Turquía y Egipto que le permiten al gobierno censurar contenidos a su discreción”, advirtió Anonymous que resalta el contenido de los artículos 188 y 192, que de aprobarse tal y como están, permitirían al estado el acceso completo a todas las telecomunicaciones registradas en el territorio nacional que van desde llamadas telefónicas hasta contenidos de Whatsapp y Facebook.
En una comunicación sobre el tema, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría Treviño, advirtió “el riesgo latente de pasar por alto detalles técnicos, lo cual tendría implicaciones graves para el sector”.
Con esta postura coincide Gonzalo Rojón, director de Análisis de The Competitive Intelligence Unit (CIU) firma de consultoría e investigación en telecomunicaciones.
En entrevista con SinEmbargo, aseguró que la forma en que están planteadas las leyes secundarias sólo refleja un completo desconocimiento sobre el tema por parte de quienes las elaboraron.
“Hay muchas cosas muy buenas y otras que están hechas de manera muy agresiva, por ejemplo, esta parte del Internet estuvo muy mal hecha”, opinó.
“Hicieron una ley a medias. Voy a poner como ejemplo los artículos 192 al 197: unos dicen que solamente hay que bloquear aquél contenido que sea ilícito, pero no se especifica qué puede ser ilícito”, mencionó.
Gonzalo Rojón insistió en que la forma en que están redactadas las leyes secundarias reflejan que quienes las elaboraron, más que censurar, no entienden cómo funcionan las redes sociales ni el sector en general.
“En un país como México, tratar de censurar sería gravísimo, para mí es mucha ignorancia”, opinó.
Puso como ejemplo el hecho de que imponga a los operadores el almacenamiento de la actividad de sus usuarios durante dos años, para lo cual, las compañías no cuentan ni con infraestructura ni con recursos para guardar durante ese tiempo tal cantidad de información.
“Es el momento de que todos nos expresemos para decir que esta parte del Internet está garrafal y hay que componerla y es la voz de todo el sector, los operadores se han estado quejando porque los ponen como policías, les están confiriendo una actividad que no les corresponde y por otro lado también les imponen el almacenar dos años de información”, señaló el experto.
LA CENSURA EN EL MUNDO
Según el informe de Reporteros Sin Fronteras, la información online no podría ser espiada ni controlada sin la ayuda de las empresas del sector privado, por ello, señala como “mercenarios de Internet a las compañías que ponen sus conocimientos al servicio de los regímenes autoritarios a cambio de sumas de dinero a menudo colosales”.
Advierte que la vigilancia en la web sigue creciendo y permite identificar a los internautas, sus contactos, su correspondencia y su ubicación. “Entre los países autoritarios esta vigilancia conlleva la detención y los malos tratos a defensores de los derechos humanos, periodistas, internautas y demás miembros de la sociedad civil. Las cárceles se han llenado de disidentes defensores de los derechos humanos y las comunicaciones en Internet están cada vez más interceptadas por las autoridades”.
Entre los países a los que RSF tiene en su lista negra por censurar o intentar controlar Internet están:
Los sitios web no pueden operar sin una licencia expedida por el Ministerio de Información y Cultura, misma que debe ser renovada cada tres años.
Aplica un control severo a lo que circula en la red en un intento por no permitir que llegue a los usuarios información difamatoria, falsa u obscena.
El régimen comunista desarrolló su llamado plan “Gran Muralla Electrónica”, que le da el control absoluto del contenido en la red de redes, además tiene la colaboración del Consejo Supremo del Ciberespacio, Guardianes de la Revolución y un grupo de trabajo que evalúa y categoriza los contenidos de grupos criminales. Aplica bloqueos a Google.
El país aparece en la lista desde 2008, año desde el cuál se ha denunciado la persecución y encarcelamiento de blogueros que se oponen al sistema de gobierno.
Es uno de los países que cuenta con una de las más severas censuras a Internet, ya que el gobierno tiene en control total sobre los contenidos.
Egipto: En 2011 el régimen de Hosni Mubarak ordenó a todos los proveedores de acceso que operan en el país cortar sus conexiones internacionales para silenciar por completo la ola de protestas que se inició el 25 de enero de ese año en contra del Gobierno. En 2012 había unos 120 internautas encarcelados.
En diciembre de 2013 aprobó una ley que permite espiar en tiempo real comunicaciones por teléfono e Internet, sin la orden de un juez.
Promulgó una ley que establece límites a la libertad de información en la red. Divulgar por este medio información falsa del gobierno tiene una pena que va desde una multa equivalente a los 89 mil dólares hasta 15 años de cárcel.
Adoptó el año pasado la llamada “Ley contra actos electrónicos” que prohíbe el envío de contenidos ofensivos por dispositivos electrónicos, sin embargo, la regulación no especifica cuáles son estos contenidos.
El gobierno mantiene una lucha por el desarrollo de su red interna, denominada Halal Internet, que está desconectada de la red mundial, lo que permite a las autoridades tener control absoluto sobre el contenido.
El gobierno de Vladimir Putin ejerce control sobre los contenidos que circulan en la red e incluso ha bloqueado sitios que atacan al Presidente.
Los sitios de noticias que publiquen al menos una noticia a la semana sobre el país y tengan más de 50 mil visitantes al mes necesitan renovar cada año una licencia que tiene un costo de 39 mil 500 dólares.
El año pasado, los islamistas de Al Shabaab declararon ilícito el uso de Internet.
El gobierno vigila y controla el contenido en Internet. El año pasado bloqueó el acceso a Twitter y a YouTube en todo el país para evitar que se organizaran manifestaciones.
En febrero de este año aprobó una Ley de Internet que permite al gobierno bloquear cualquier sitio web sin una autorización judicial. Esta nueva regulación ya les permitió bloquear Twitter y YouTube.
En estos países las autoridades mantienen el control de la mayoría de la infraestructura de telecomunicaciones, lo que les permite vigilar Internet. En Vietnam, a través del Ministerio de Información y Comunicaciones controla todo el contenido.
El régimen del Presidente Nicolás Maduro ha bloqueado distintos sitios y ha obligado a los proveedores que filtren la información, con el fin de que no se publique contenido “sensible”.
El junio y julio del año pasado bloqueó distintos sitios de Internet, lo que muestra su intención por controlar las telecomunicaciones.
